Desde 2006, año de la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua, el número de muertes maternas aumentó. En ese país 2 de cada 10 embarazos ocurre en adolescentes y recientemente se han documentado casos de niñas violadas por parientes y obligadas a continuar con embarazos no deseados.
En opinión de María Teresa Blandón, directora del Programa Feminista Centroamericano La Corriente , la Iglesia Católica y la élite gobernante de esta nación centroamericana “tienen una enorme responsabilidad” en los decesos y las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos.
Después de la prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua, ¿qué ha sucedido con los derechos humanos de las mujeres?
El concepto de los derechos humanos es más amplio. El tema del aborto terapéutico hace referencia al ámbito específico de los derechos reproductivos, claro, pero también de derechos básicos como lo son el derecho a la vida y a la salud. Lo que ha pasado es que ha habido un incremento de las muertes maternas, sobre todo, aquellas relacionadas con el embarazo.
Hay problemas en los hospitales que tienen que ver con la penalización del aborto terapéutico, pero también con las malas prácticas médicas. Han ocurrido hechos muy lamentables de mujeres que murieron porque no se las atendió oportunamente, porque hubo indolencia, miedo por parte de los médicos y también mala praxis.
¿Las mujeres en su país tienen acceso a métodos anticonceptivos? ¿A la píldora de emergencia?
Lo hay. Sobre todo a métodos anticonceptivos El Ministerio de Salud reporta un incremento de mujeres que tienen acceso a los métodos. Esto es mayor en las mujeres urbanas que en el caso de las mujeres rurales. El problema sigue siendo con el segmento de las mujeres adolescentes. Éstas sí tienen poca información, poco acceso a los servicios de salud reproductiva, y además son las que están teniendo un incremento importante de embarazos. Nicaragua es el país con la tasa más alta de embarazos en adolescente de América Latina: el 20% de los nacidos vivos corresponde a embarazos en adolescentes. Según las encuestas nacionales, el promedio de inicio de vida sexual activa de las mujeres es muy temprano: 17 años en la ciudad y un poco más alto en el caso del campo. A pesar de que muchas mujeres han oído hablar de métodos anticonceptivos, más de un 10% no pueden resolver esta necesidad.
Ya el caso de la píldora de emergencia es otro. No ha sido particularmente fomentada por el Ministerio de Salud, sino por algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de los derechos reproductivos.
Recientemente Amnistía Internacional alzó la voz respecto a los casos de niñas y adolescentes violadas por familiares y obligadas a continuar con embarazos no deseados en Nicaragua. ¿Qué está haciendo el movimiento amplio de mujeres para cambiar esta situación?
Primero que todo, desde el año 2006, cuando la Asamblea Nacional penalizó el aborto terapéutico, el movimiento feminista, en alianza con otros actores como la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, el Movimiento Comunal, algunas redes de centros alternativos de la mujer, ha mantenido una campaña permanente ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la restitución del aborto terapéutico.
Hemos iniciado infinidad de recursos por inconstitucionalidad; hemos documentado las muertes maternas y los casos de estas niñas violadas y obligadas a continuar con el embarazo; hemos desarrollado una campaña internacional con organismos como Amnistía Internacional y las Naciones Unidas para lograr crear un estado de opinión nacional e internacional que presione a la Corte Suprema de Justicia a restituir el derecho al aborto terapéutico.
Ha sido muy difícil porque la Corte Suprema de Justicia está completamente controlada por los dos partidos hegemónicos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), actualmente en el gobierno, y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), un aliado casi incondicional del Frente Sandinista, desde que suscribieron un pacto a inicio de esta época. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, don Rafael Solís, dijo el 28 de mayo a una delegación del movimiento feminista en la cual participo que había un anteproyecto de ley, pero que realmente los magistrados sandinistas no lo querían firmar porque tenían miedo de que la jerarquía católica los excomulgara. En clara violación a la Constitución de la República, nos mandó a hablar con la Conferencia Episcopal del país.
¿Qué papel han jugado los grupos evangélicos y católicos? ¿Cuál ha sido su estrategia para colocar el tema en la agenda política?
Los grupos evangélicos no tienen una posición común. De hecho, hay algunos pastores que en su momento se pronunciaron a favor del aborto terapéutico, otros en contra. De todas maneras, el papel más protagónico, más beligerante lo tiene la jerarquía de la Iglesia Católica, puesto que históricamente ha intervenido en las políticas públicas, sobre todo en aquellas que tienen que ver con sexualidad y reproducción. Ellos jugaron un papel muy importante, tanto de manera directa, como a través de sus grupos, en particular Provida que ha tenido un lobby permanente en la Asamblea Nacional, desde comienzos de la década de los 90, incluso con el interés de reformar la Constitución para que pueda aparecer que hay vida desde la concepción.
En el contexto electoral de 2005 esta campaña se arreció. La jerarquía católica hizo marchas de 200 mil personas que incluían a los estudiantes de primaria y secundaria para exigir la penalización del aborto terapéutico. Por eso es claro que la jerarquía, junto con el FSLN y el PLC, tiene una enorme responsabilidad en la muerte de mujeres y niñas, producto de la penalización del aborto terapéutico.
¿Qué connotaciones y repercusiones tiene una campaña política como la del hoy presidente Ortega, en donde se han enarbolado frases de contenido religioso?
Es mucho peor que eso. No sólo invoca a Dios en la campaña electoral, también recluta al ex arzobispo de Managua para poder ponerlo al frente de un proyecto de “reconciliación nacional”. Abiertamente, el gobierno ha incluido en el presupuesto de la República partidas de dinero para la Iglesia Católica y distintos grupos de la Iglesia Evangélica. El presidente de la República y los parlamentarios admiten que penalizaron el aborto terapéutico respondiendo a la demanda de la Iglesia Católica, contraviniendo absolutamente el mandato constitucional que declara que el Estado de Nicaragua es laico. Daniel Ortega usa el lema “servirle al pueblo es servirle a Dios”. Por un lado, eso significa utilizar las creencias de la gente; por otro lado, es darle primacía a un grupo religioso para decidir qué políticas son apropiadas o no en materia de sexualidad y reproducción.
Es un acto de cinismo y de utilitarismo, de manipulación para mantener el estatus quo.
¿Usted considera que este es un gobierno que criminaliza a las mujeres, sobre todo a las más pobres?
Sí. Las feministas nicaragüenses y otros grupos de la sociedad civil de este país, decimos que este gobierno no puede ser un gobierno de izquierda, porque sigue siendo un gobierno misógino, profundamente machista, populista que ve a los pobres como los necesitados a los cuales puede llegar con políticas asistencialistas y después reclamarles fidelidad. Es un gobierno que no está apostando por una democracia participativa.
En América Latina actualmente hay 10 gobiernos. O mejor, nueve -porque no está el del presidente Manuel Zelaya- que se declaran de izquierda. Yo creo que los movimientos feministas tendríamos que hacer un esfuerzo para debatir, intercambiar y reconceptualizar qué es para nosotras la democracia, qué tipo de democracia queremos y, desde una perspectiva ética, ponderar cuáles son las exigencias que hacemos a estos gobiernos respecto al concepto de igualdad.
Ya no podemos permitir que las izquierdas latinoamericanas vuelvan a utilizar a las mujeres como lo hicieron en la época de la Guerra Fría, como en la época de los conflictos armados. Las feministas ya no estamos dispuestas a ejercer una ciudadanía al margen de nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestros propios proyectos emancipatorios. No puede haber izquierdas ni cambios democráticos si el concepto de igualdad de derechos y oportunidades no está en el centro de estas propuestas transformadoras.
¿Cuál es la magnitud de la criminalización por parte del Estado hacia las feministas y los médicos que están a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo?
Hasta ahora solo ha habido amenazas. No hay ningún médico preso, ninguna activista del movimiento feminista presa o perseguida directamente por estos temas; sin embargo, es una posición muy ambigua y muy centrada en el poder. La denuncia que se interpuso en la Fiscalía contra nueve líderes feministas por el caso emblemático de la niña Rosita, a quien le practicamos un aborto en 2003 sigue vigente. Es un juicio que ni lo cierran, ni lo llevan a cabo. Es como una amenaza latente en contra del movimiento feminista. No llegan a concluir ningún hecho, ni directamente a reprimir a ninguna de nuestras compañeras pero mantienen la puerta abierta para ocupar esto como pretexto. En algún momento, inclusive, quisieron decirnos que teníamos prohibido hablar del aborto terapéutico porque era hacer “apología del delito”.
Hay una actitud hostil, no sólo en relación con el tema del aborto terapéutico, sino porque a este gobierno le cae muy mal la crítica y la participación ciudadana desde una perspectiva autónoma. Tienen un modelo muy autoritario y muy controlador respeto de las organizaciones de la sociedad civil.
¿Cuál es la agenda del Ministerio de la Familia?
Fue creado por un gobierno de derecha, por el señor Arnoldo Alemán, líder muy reconocido asociado a la corrupción. Se creó como un favor directo a la Iglesia Católica. De hecho, el decreto de creación del Ministerio es una réplica de la Carta Pastoral de la Familia. Dice que se crea para promover los matrimonios entre hombres y mujeres que se unen por amor y con fines reproductivos. Ese es su fundamento político. Es un Ministerio asistencialista. La primera dama de la República decidió que ahora la prioridad del Ministerio de la Familia será trabajar con los niños en situación de riesgo. Entonces, están desarrollando un programa que se llama “Amor”, que se supone busca encontrar alternativas a los niños que viven en situación de calle.
¿En qué se diferencia y en qué se asemeja el contexto de Nicaragua con el resto de los países centroamericanos y latinoamericanos?
Además de Chile, en Centroamérica se concentran los países que tienen las medidas más restrictivas en relación al aborto terapéutico. El Salvador penalizó toda forma de aborto estando en el poder un partido de derecha, completamente reconocido por la participación que tuvo en las masacres crueles durante el conflicto militar. Fue un gobierno de derecha en Honduras el que también penalizó toda forma de aborto. En eso se asemeja el gobierno de Daniel Ortega: pasó a la historia tristemente por emular a dos partidos de derecha autoritaria, militarizada, violadora de derechos humanos.
Actualmente hay una crisis en Honduras tras el golpe de Estado al gobierno constitucional de José Manuel Zelaya Rosales, ¿cómo se solidariza el movimiento feminista de Nicaragua con sus compañeras en resistencia en el vecino país?
Desde el primer momento, como movimiento feminista, nos pronunciamos abiertamente en contra del golpe de Estado o golpe de gobierno, pues hay quienes dicen que el resto de las instituciones del Estado se han mantenido incólumes. A todas luces es inconstitucional y condenable. Nosotras sabemos que han creado un movimiento que se llama Feministas en Resistencia y que están desarrollando una labor muy valiente para demandar la restitución del orden constitucional. Sabemos que es una situación muy compleja. La clase política de Honduras es profundamente autoritaria, corrupta y el presidente constitucional, don Manuel Zelaya, no escapa de esa definición. Sin embargo, nosotras consideramos que para poder avanzar o resolver los problemas de nuestros países hay que mantener la demanda por el respeto a las normas constitucionales.
¿Qué influencia tiene hoy Estados Unidos sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos de la región?
Hemos tenido altas y bajas. Con el gobierno del señor Bush, se instaló en todo el mundo la Ley Mordaza, que significaba que la Agency for International Development (AID) no iba a dar dinero a ninguna organización que estuviese trabajando o promoviendo la interrupción voluntaria del embarazo. Afortunadamente, uno de los primeros decretos que aprobó el presidente Obama fue precisamente revertir esa ley. Ahora sí hay apertura a apoyar a las organizaciones que trabajan en los ámbitos de los derechos sexuales y reproductivos; sin embargo, el apoyo que el gobierno de los EUA ha dado en Centroamérica en estos temas es un apoyo marginal, no es sustantivo.
La feminista María Teresa Blandón invita a las personas de todo el mundo a sumarse a la campaña permanente e internacional por la restitución del aborto terapéutico en Nicaragua; a través de la página electrónica www.movimientofeministanicaragua.org y mediante comunicaciones al correo: lacorriente@cablenet.com.ni
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