Nueva Prensa de Guayana/Melissa Silva Franco (Tomado de Palabra de Mujer)
Centenares de mujeres sospechosas de abortar son perseguidas por el sistema de justicia de este país centroamericano y deben vivir el infierno de la cárcel, condenadas al olvido y enterradas en la miseria.
En el 2007, las autoridades registaron 6.500 abortos, de los cuales un casi 30% fueron de niñas entre 10 y 18 años de edad. Mientras que en el 2008, se atendieron 6,856 casos de abortos, entre espontáneos y sépticos. Hubo 29 muertes maternas
Para el Estado salvadoreño, Karina Climaco era una asesina. Sin más matices, los jueces ordenaron su traslado directo del hospital a la cárcel, donde debía pagar una condena de 30 años. La sospecha de haber inducido su aborto fue la primera causa por la que el sistema de justicia decidió privarla de libertad. Y es que en El Salvador, al igual que Nicaragua, Chile y República Dominicana, las leyes reconocen "como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción" y atentar contra ella es un delito de homicidio.
La historia de Karina del Carmen Clímaco es un ejemplo de lo que ocurre a muchas mujeres jóvenes en países como El Salvador. Esta joven a pesar de haberse sometido a una esterilización en un hospital público, salió embarazada de su cuarto hijo. En la madrugada del 17 de enero de 2002, mientras el resto de su familia dormía, Karina sufrió fuertes dolores y se dirigió como pudo al baño, donde vivió un doloroso parto sin ayuda médica, ni de nadie, sufriendo una intensa hemorragia que le provocó que se desmayase.
De inmediato, su familia se enteró de lo sucedido, por lo que decidió llevarla al hospital más cercano para salvarle la vida, donde los doctores que la atendieron determinaron que se había provocado un aborto. Desde ese momento, Karina, de 22 años, pasó de ser una paciente a una sospechosa de aborto y luego de homicidio. Tuvieron que pasar 7 años, para que su caso se hiciera público, y despertara así la solidaridad de las mujeres organizadas de El Salvador y comenzaran a trabajar por su libertad. Un trabajo duro, pero que tras lograr su libertad, se sembró un precedente de gran importancia para las mujeres de este país.
"La mayoría son mujeres que viven en situación de pobreza. Si tienen una complicación en el momento del embarazo, no pueden acudir a un hospital privado. En las clínicas privadas, cuyo número se multiplicó por tres en diez años, se respeta el secreto profesional, no hay denuncias. Las mujeres que sufren de la ley anti-aborto son mujeres jóvenes con bajo nivel de instrucción. No tienen recursos para contratar defensoría legal. Son mujeres que han transitado literalmente del hospital a la cárcel. Nosotras, con la ayuda de abogados, les ofrecemos la posibilidad de acceder a la justicia", explica Morena Herrera, integrante de la Colectiva de Mujeres por el Desarrollo Social
Esta persecusión comenzó en 1997, cuando la Asamblea modificó el Código Penal para eliminar la posibilidad de dispensar las sanciones penales cuando la vida de la mujer se encuentre en peligro, cuando el embarazo sea resultado de una violación, o cuando el feto padezca malformaciones severas y previsibles. Como resultado, las mujeres que se realizan abortos en el país corren el riesgo de ser sancionadas penalmente, aún en el caso de que sus vidas sean puestas en peligro por un embarazo.
"Ese día en la Asamblea estaban todos los grupos de pro-vida, de la iglesia, diputados con miedo a pronunciarse en un tema tan ético. Sólo eramos 4 mujeres a favor de que no se eliminara la posibilidad de abortar cuando el embarazo era por violación, ponía peligro la vida de la madre. Aunque era una discusión desigual yo pedí el derecho a palabra y les dije: Vengo a hablar en nombre de las mujeres que ustedes están condenando" detalla Morena Herrera.
Perseguidas, pacientes criminales
Desde 1997, la ley no concede ningún permiso, ni evalúa las condiciones sociales de las mujeres. La vida de un feto es antepuesto a la vida de la madre y al derecho de decidir sobre su cuerpo. Esta premisa cobra cada vez más víctimas en un país donde el sistema sanitario es deficiente y la violencia callejera tiene como blanco constante a las mujeres.
Un ejemplo de ello es María (nombre fícticio), quien con 18 años de edad fue violada por varios pandilleros en el barrio donde vivía. De esa violación quedó embarazada, y a los meses se detectó que había malformación y que no era un embarazo viable. La chica tuvo un aborto y los médicos que la atendieron avisaron a la fiscalía. Su delito fue juzgado, mientras que su violación nunca fue investigada. "Ojalá tuvieran la misma diligencia para otros homicidios", es lo único que comentan sus familiares.
"En El Salvador, la legislación se aplica de manera oficial y oficiosa. Estamos frente a un tipo de "delitos" en que la fiscalía es bastante eficaz en la persecución de mujeres. Eso genera unas condiciones de miedo entre el personal hospitalario presionándolo para que renuncie al secreto profesional y denuncie los casos de aborto", agrega Herrera.
En un medio de comunicación local, el director del hospital público, Carlos René Fernández, declaró que “el aborto es un delito”, y como tal están obligados a alertar a las autoridades correspondientes. “El secreto profesional nos ordena mantener la confidencialidad”, pero eso no significa, de acuerdo al director, licencia para la comisión de un delito.
En su entrevista asegura que el personal médico no inculpa a cualquier joven que asiste ahí con un parto extrahospitalario. "Todo depende del caso particular, de la misma historia clínica, entonces es cuando los médicos toman la decisión. En estas situaciones tenemos nosotros que hacer prevalecer la ley primaria que es la Constitución. Las cuestiones legales deben ser en otras instancias donde las deben aclarar".
Interpretación de la ley
Una mujer que aborta, por las condiciones personales que sea, se enfrenta a una serie de dificultades. La más importante de ellas es la interpretación de la ley que hace el sistema judicial de El Salvador.
Si se acusa por aborto consentido y propio, son 8 años de cárcel. Lo que ocurre con esas mujeres es que la fiscalía cambia el motivo del delito. Al principio es delito por aborto y luego, por el hecho de no haber protegido la vida de su hijo, se transforma en homicidio. Cambian la calificación del delito y la acusan de homicidio agravado. Entonces la pena es entre 30 y 50 años.
Para el subdirector de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Abraham Ábrego, “lo que se evidencia es una inadecuada forma de investigación de la mayoría de casos. Hay una presión social por penalizar estos casos sin investigar adecuadamente”.
"El año pasado tuvimos un caso de una muchacha, Marlene, quien tuvo un aborto natural, tuvo que ir al hospital, y del hospital a la cárcel, está en tercer año de bachillerato. La clave está en la palabra homicidio, ella no tiene derecho a audiencia preliminar, va directa a la cárcel. En el caso de esta muchacha ya la habían acusado inmediatamente de doble delito, aborto y homicidio. Cosa que no se puede legalmente. Así encontramos el caso. Logramos que saliera libre el 14 de enero de este año", narra Herrera.
Lucha
El cambiar esta realidad que encierra a muchas mujeres en las cárceles no es un trabajo fácil, pero se ha comenzado el largo camino. Así lo confirma Morena Herrera, quien explica que el pasado 28 de septiembre han presentado al Congreso de los Diputados de San Salvador un recurso de anticonstitucionalidad para avanzar en la lucha a favor de la despenalización del aborto.
También intentan sensibilizar a la población, promoviendo reflexiones sobre los fundamentalismos religiosos en la sociedad. Trabajan también con religiosas feministas para "despenalizar las conciencias" como decía la periodista cubana María López Vigíl.
"Intentamos mantener una actitud, lo que no significa que no tengamos miedo. Pero solo por el miedo, no haríamos nada. Y sí, creo que hay un nivel de conciencia de la gente que es una ley injusta", concluye Morena Herrera.
Demanda de mujeres
El pasado 28 de septiembre, Día por la Despenalización del aborto en América Latina emitieron un comunicado las organizaciones de mujeres, en el cual demandaban lo siguiente:
1. Despenalizar el aborto terapéutico entendido este como aborto eugenésico, ético y por la salud de la madre.
2. Promover la información sobre sexualidad y anticoncepción, especialmente en la población joven.
3. Dotar a los Hospitales y Unidades de Salud de los distintos métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia. Garantizando que los proveedores de salud informen de manera científica sobre estos recursos.
4. Promover una educación sexual sin prejuicios y científica en las escuelas e institutos; como en ambientes no escolarizados.
5. Exigir la laicidad, desvinculación de la iglesia de los asuntos del Estado y la educación.
6. Respetar y garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Género con Clase
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario