Ante los primeros cien días del Gobierno del Presidente Mauricio Funes FESPAD

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho

Ante los primeros cien días del Gobierno del Presidente Mauricio Funes

El Salvador, ha estado ligado a una historia de regímenes militares y gobiernos autoritarios, caracterizados por la represión, la injusticia social y la pobreza y extrema pobreza de sectores excluidos, que junto con el conflicto armado motivaron las primeras migraciones. Los Acuerdos de Paz en 1992 supusieron un halo de esperanza por la democratización del país, que se fue desvaneciendo en la medida que el país fue enrumbado hacía políticas neoliberales que profundizaron la pobreza y marginación social.

Al revisar la gestión de ARENA, se identifica además, que la institucionalidad del país fue severamente sacrificada. Por lo general las instituciones del Órgano Ejecutivo fueron estructuradas para el provecho particular de unos pocos y con una lógica partidaria, por sobre el mandato constitucional y legal de las mismas.

Por 20 años El Salvador estuvo gobernado por un solo partido de derecha, el cual implementó un esquema neoliberal y autoritario, cuyo referentes principales fueron sin excepción, las elites empresariales. Fue hasta la última gestión del Presidente Antonio Saca, que ARENA se vio obligada a hacer un viraje hacia lo social, al menos en apariencia, obligada por los desgastes atribuidas a las anteriores gestiones gubernamentales.

Esta realidad, no puede ser obviada al hacer este análisis.

El Gobierno del Presidente Mauricio Funes y del FMLN, cumple ahora cien días, es el primer gobierno de izquierda en la historia salvadoreña, luego de 188 años de vida independiente. Este hecho no puede pasar inadvertido al evaluar esta gestión gubernamental.

LOS ACIERTOS.

En los primeros cien días, el Gobierno de Mauricio Funes y del FMLN, da signos positivos en el rescate de esa institucionalidad perdida. Su señalamiento de los casos de “plazas fantasmas” y sobre el mal uso del patrimonio público, es relevante.

La reestructuración del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y su enfoque integral hacia el combate de la delincuencia, reprimiendo el delito, pero incorporando la prevención y la reinserción, es de sus principales logros. Y es que las políticas de “mano dura” demostraron su fracaso, la realidad fue que a más represión más violencia y más criminalidad; es de esperarse entonces, que los nuevos enfoques de combate a la criminalidad demuestren que es posible ser eficaz para combatir los delitos, sin menoscabar garantías fundamentales. Mención especial merecen los cambios propuestos en los centros penales y en los centros de internamiento de menores.

Aunque el problema de la criminalidad sigue afectando la seguridad de la población, resultan incoherentes las exigencias de resultados inmediatos, de una realidad que no fue capaz de abordarse adecuadamente en los últimos 20 años.

La participación ciudadana. La conformación misma del gabinete ha sido signo de pluralidad y de la incorporación de actores de la sociedad civil, del FMLN y de otros partidos políticos. Aunque varios miembros del gabinete y de las instituciones autónomas pueden ser cuestionados por su pasado inmediato, en lo general la conformación del mismo es considerada aceptable.

Lo más relevante es que se ha facilitado que la población marginada tradicionalmente, tenga acceso al Órgano Ejecutivo, se ha abierto un espacio de diálogo permanente.

El solo cambio de la forma y estilo de hacer la gestión gubernamental es altamente positivo, si se toma en cuenta que algunos funcionarios de las gestiones anteriores ni siquiera habían visitado las dependencias a su cargo.

El Consejo Económico Social, es una herramienta que puede ofrecer muchas posibilidades para la construcción de una sociedad más democrática y participativa. Se espera que las elites empresariales, convidadas tradicionales a definir las políticas públicas, comprendan que el aparato de Estado está al servicio de todo el pueblo salvadoreño; de esto también debe tener mucha conciencia el Gobierno.

En cuanto al aspecto social y económico, el Gobierno se ha tenido que enfrentar con el impacto de la crisis económica internacional y nacional, sobre lo que planteó oportunamente un plan anticrisis con un fuerte énfasis en las y los más pobres. El plan comprende medidas sociales como la pensión universal a personas de la tercera edad que no cotizan en el ISSS, un proyecto de construcción de viviendas económicas, programas de nutrición y dotación de uniformes a estudiantes de escuelas públicas, entre otras. A esto se une, que al principio de esta gestión el gobierno no siguió cobrando las “cuotas voluntarias” en el sistema público de salud, cuestión que no pudo realizar ninguno de los gobiernos anteriores.

LAS DEBILIDADES.

Falta una auditoría institucional. El pueblo salvadoreño tiene derecho a conocer las condiciones en las que el país fue entregado al nuevo Gobierno: en lo económico, social, fiscal, pero fundamentalmente, se debe dar a conocer, sin temor, el manejo que se dio a los recursos del Estado. Los casos de corrupción se cuentan por muchos, hoy por hoy, ausentes de investigación, y por lo tanto,impunes.

Está pendiente privilegiar a las y los más pobres. Muchas de las iniciativas ahora implementadas, son herencia del anterior gobierno, como red solidaria, FOSALUD y otros, sobre las que se esperaría que el nuevo gobierno haga los ajustes necesarios para superar el asistencialismo y trascienda a políticas de compromiso hacia la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de la población; esto supone, que el gobierno demuestre con hechos concretos, su “opción preferencial por las y los pobres”.

El sordo abordaje a la problemática surgida con la construcción de la Presa El Chaparral. A pesar del impacto que se va a causar a las comunidades, los riesgos ambientales en especial del sistema hídrico nacional y las irregularidades señaladas en su aprobación y contratación, se ha proseguido, sin escuchar, con dicha construcción. La esperanza popular es que el Gobierno, dé muestras de que en El Salvador hay otro gobierno y que defina, de manera urgente, una política de respeto a la dignidad de las personas y de sustentabilidad ambiental en los diferentes proyectos de inversión, demostrando capacidad de favorecer a las personas más afectadas, sin privilegios a los intereses de los inversionistas.

El perdón estatal. Se hubiera esperado el reconocimiento a las violaciones a los derechos humanos, las que han sufrido las víctimas históricas de masacres del pasado y tuviese una posición firme en favor de pedir perdón por las mismas. Hay responsabilidades estatales, emanadas de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de obligatorio cumplimiento, que no pueden seguir siendo ignoradas.

FESPAD considera que los primeros cien días del actual gobierno se orientan a importantes cambios en la gestión pública y en la democratización del país, pero demanda que los mismos trasciendan la esperanza y se concreten en la vida de la población salvadoreña.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y populares a seguir trabajando unidas para lograr una mayor profundización de las transformaciones que El Salvador necesita.

San Salvador, 08 de septiembre de 2009