José Chacón (*)
El riesgo para la niñez es un incremento de las enfermedades, efectos psicológicos derivados del trauma del desastre
SAN SALVADOR - En los dos últimos días de desastre, el gobierno ha declarado estado de Emergencia Nacional, protección civil nos ha dicho la cantidad de víctimas, y los medios de comunicación nos han mostrado imágenes que nos recuerdan el huracán Mitch (hace 10 años), el huracán Stan (hace 5 años), y que se repiten.
Al amanecer del lunes 9 de noviembre, 54 centros educativos ya están siendo utilizados como albergues. El viceministro de Educación dijo que la buena noticia es que estamos por terminar el año escolar y no perderán clases. En la realidad, esto significa que una cantidad nada despreciable de niños, niñas y adolescentes podrían ver sus derechos afectados.
Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a juegos, lecturas y otras actividades que les devuelvan la seguridad y estructura social a su vida. En el menor tiempo posible se pueden establecer espacios seguros para estas actividades, no se debe permitir que los albergues se conviertan en sitios de abuso que vulneren el desarrollo de nuestra niñez. El personal docente tiene un papel importante que jugar en este momento .
Usualmente, en situaciones de emergencia no se tienen datos exactos de la niñez pero eso no debe se excusa para no reconocer las necesidades especiales de los grupos más vulnerables y atender esas necesidades. El riesgo para la niñez es un incremento de las enfermedades, efectos psicológicos derivados del trauma del desastre, separación de sus familias, maltrato físico, explotación infantil y hasta abuso sexual en los mismos albergues.
¿Quién asume la responsabilidad de los derechos de la niñez en esta ocasión? ¿Cuáles estrategias se usarán?
El Ministerio de Educación podría llamar a su personal que ya tiene entrenamiento para proteger el derecho a la educación en situaciones de emergencia a diseñar un programa de atención en crisis para la población estudiantil afectada. No se debe esperar hasta el otro año para iniciar un proceso de este tipo. Los contenidos de ese programa deben ser justamente los derechos de la niñez.
Los Centros de Desarrollo Profesional Docente pueden refrescar los conocimientos de maestros y maestras que ya tengan experiencia en atención en crisis y, por supuesto, capacitar a nuevo personal docente para este fin.
La población meta está clara: todos los niños, niñas, y adolescentes que ya se encuentran en los albergues, pero también incluir a quienes están en las zonas de desastres.
Mientras este programa es diseñado, es importante conducir una evaluación inicial para conocer el estado de la infraestructura de los centros escolares pero también conocer que otros espacios seguros existen para ser utilizados en actividades de atención psicosocial.
También es clave conocer la cantidad de personal docente que puede apoyar en estas actividades durante la emergencia, y aquellas personas que no siendo docentes activos pueden involucrarse.
Es esencial pensar que los niños, niñas, y adolescentes son sujetos de derechos y no objetos de caridad. Nuestros esfuerzos deben enfocarse a su desarrollo con dignidad.
(*) Académico y colaborador de ContraPunto
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