De nuevo, la prostitución ha saltado al debate político para provocar enconadas controversias sin posibilidad de acuerdo. En septiembre, la publicación en El País de unas fotografías de prostitutas practicando sexo con clientes en las calles de Barcelona catapultó el tema a la escena mediática. Ahora diversos grupos feministas exigen la prohibición de los anuncios de contactos en los medios de comunicación. Mientras, los colectivos en defensa de los derechos de las prostitutas creen que reconocer y regular esta actividad es la forma de mejorar las condiciones de vida de quienes la ejercen y evitar abusos.
Más precariedad, más persecución policial, racismo, expulsiones y hasta violaciones. Éstas han sido, según las trabajadoras de Àmbit Dona (Servicio de Atención Sociosanitaria a Trabajadoras del Sexo de Ciutat Vella, en Barcelona) algunas de las consecuencias que ha tenido sobre el colectivo de prostitutas nigerianas la publicación el 31 de agosto de fotografías de mujeres de esta nacionalidad realizando servicios sexuales a hombres en los soportales del Mercat de la Boqueria.
El diario El País mandó al fotógrafo Edu Bayer y al redactor Beltran Cazorla a cazar estas escenas al barrio del Raval de Barcelona durante varias noches de finales de agosto, como parte de una serie de reportajes para ilustrar la nula aplicación de la Ordenanza de Medidas para fomentar el Civismo y la Convivencia promulgada en 2006 por el Ayuntamiento, que, entre otras cosas, sanciona la prostitución callejera. Y el morbo hizo su efecto. Las imágenes, tomadas sin consentimiento, aumentaron las ventas del rotativo y catapultaron el debate sobre la prostitución en la calle a la escena política municipal y estatal, llegando hasta el Congreso. También causaron la indignación de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que protestó por la violación de derechos de las mujeres fotografiadas. Desde Ámbit Dona critican la degradación de la imagen de las afectadas en los medios. Según su coordinadora, Mercè Meroño, tras el reportaje de El País, "varios medios ofrecieron dinero para que practicaran sexo con clientes delante de ellos para inmortalizarlo, las típicas fotos preparadas". Después, "ha habido varias razzias y no pueden trabajar, las identifican constantemente". Según Laura Alegre, jurista de Àmbit Dona, "las expulsiones de nigerianas se han multiplicado, hemos registrado más de 20 desde septiembre. A las que no llevan pasaporte les toman las huellas y esperan a detenerlas más adelante". Para Marcela Torres, trabajadora de Àmbit, la atención mediática “puso en la picota a las mujeres negras y fomentó el racismo y la xenofobia” y propició más abusos. Algo que ratifica Alegre: "El mes pasado contabilizamos dos violaciones de chicas por clientes, con el agravante de que los médicos que las atendieron no les hicieron exploraciones ginecológicas ni denunciaron la violación como estipula la ley, no les explicaron el protocolo a seguir, por lo que alguna llegó a casa y lavó su ropa borrando las huellas. Y además recogieron su profesión en el parte de atención, lo que no debería hacerse".
Visibles, vulnerables Mercè Meroño explica que periódicamente se persigue a un determinado colectivo, sectores de población que son el foco de atención por su aspecto físico o por coyunturas concretas, hasta que éstas desaparecen. Primero fueron las rumanas de la zona del teatro Goya; algunas regularizaron su situación, a otras las expulsaron, otras estaban vinculadas a mafias y se las llevaron a otros sitios... Las marroquíes también sufrieron el acoso, pero tienen estrategias para trabajar similares a las autóctonas. Afirma que ahora se persigue a las prostitutas nigerianas porque, junto con las transexuales de la zona del Nou Camp, "son las más visibles: van a por ellas porque son el remanente. Si no estuvieran, la prostitución no se vería. Son las que están en la calle, todo el mundo se reubica menos ellas, que son las más débiles de la fila. Se consiente la violencia institucional porque son negras, pobres e inmigrantes".
El hostigamiento a la prostitución ejercida en la calle es resultado de la ordenanza vigente desde 2006, que sanciona con multas de 100 a 500 euros el apoderamiento del espacio público. En 2002, un decreto de la Generalitat había impuesto obligaciones sanitarias y urbanísticas a los prostíbulos, propiciando el cierre de los pequeños meublés en beneficio de los macroprostíbulos [ver DIAGONAL nº 26]. Según Meroño, la ordenanza de 2006 propició "abusos policiales estigmatizantes y desproporcionados con las mujeres", por lo que el Comité en Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona y la Plataforma Trabajo Sexual y Convivencia (PTSC), compuesta por entidades vecinales y de atención a prostitutas, la recurrieron ante el Tribunal Supremo. En septiembre se aprobaron sendas ordenanzas de este tipo en las localidades de Gavà i Castelldefels. Tras el acoso en el Raval, el colectivo de nigerianas se ha desplazado a zonas aisladas, como Esplugues o l’Hospitalet.
Tras la publicación de las polémicas fotografías, el Partit Socialista de Catalunya defendió el aumento de la presión policial sobre la prostitución, mientras Iniciativa per Catalunya propuso crear zonas de tolerancia. Meroño considera que "pueden ser las zonas de toda la vida o espacios acondicionados, pero no se trata de crear guetos, sino de integrar. La regulación de espacios nunca ha contemplado los derechos de las mujeres. Deberían promoverse los meublés y los hoteles de horario fraccionado donde toda la vida han ido las prostitutas de forma autónoma”. En septiembre, Esquerra Republicana presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta para regularizar la prostitución y prohibir los anuncios de contactos en los diarios. PSOE, PP, CIU y PNV sumaron sus votos en contra.
Por su parte, la Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución ha iniciado una campaña contra los anuncios de contactos en los medios de comunicación y se personará como acusación particular para que el Fiscal General del Estado los investigue, ya que, consideran, éstos podrían encubrir mafias de trata. Sin embargo, Laura Alegre cree que "la trata está más cerca de lo que pensamos y no se hace nada para erradicarla. El protocolo de Palermo [de la ONU, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas] no se aplica, no hay personal especializado ni sensibilizado. ¿Cómo van a ayudarlas si quienes tienen que protegerlas las persiguen?". Meroño insiste en que hay que "diferenciar prostitución y trata y escuchar las demandas de las mujeres. Este tema está vinculado con las leyes de inmigración, aunque nadie hable de ello. Pero la única consigna desde los poderes es reinsertar y que todo el mundo sin papeles se vaya. Esta realidad, la prostitución, existe, miremos para que quienes la viven estén lo mejor posible".
Fuente: Diagonal
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